Entrevista a Juan Carlos Gutiérrez1Coordinador General de i(dh)eas Litigio Estratégico. Es autor de diversas publicaciones y profesor universitario. @jcgutierrezc.
El informe Atrocidades innegables… se centra en la crisis de violencia que se ha vivido en México en los últimos años, no vista desde la acumulación de tragedias ni de cifras perversas que se difunden en los medios, sino respecto a la búsqueda de un análisis desde una lógica estructurada. En la siguiente entrevista se profundiza acerca de su proceso de creación, las organizaciones involucradas y la exploración de ciertos conceptos que introducen al camino de la identificación de crímenes de lesa humanidad.
Cuáles fueron los objetivos del informe y cuáles las organizaciones que lo elaboraron?
El objetivo del informe fue realizar un diagnóstico acerca de la situación de los crímenes atroces que están sucediendo en México, principalmente en los últimos diez años, además abrir un debate que nos dé un diagnóstico sobre las condiciones que permitieron y permiten que estos crímenes ocurran en la República Mexicana, pero también un debate que genere propuestas que permitan avanzar para dar por terminada esta crisis humanitaria.
Open Society Justice Initiative, junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes, han dedicado los últimos tres años a evaluar la magnitud y naturaleza de esta crisis. Como resultado hemos concluido que hay fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México.2Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México 2016, Open Society Foundations, p. 12.
El diagnóstico de la crisis se construyó a partir de testimonios de víctimas y de sus familiares, estadísticas, patrones de violencia y datos proporcionados por instituciones estatales y federales, que permitieron identificar los elementos objetivos que conforman los crímenes de lesa humanidad.
La investigación se realizó en cinco estados de la República Mexicana: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro. Las entidades fueron elegidas por los registros significativos de asesinatos, desapariciones y tortura que han vivido en los últimos diez años, además porque están distribuidas en las zonas sur, centro y norte del país. El rango incorpora estados con altos índices de pobreza y estados relativamente prósperos.
El informe fue elaborado por las siguientes organizaciones: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
¿Cuál es la diferencia entre una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad?
Ambas son construcciones del derecho internacional. La diferencia central radica en la responsabilidad; cuando nos referimos a graves violaciones de derechos humanos estamos hablando de responsabilidad del Estado en su conjunto, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia. Estas conductas deben ser juzgadas por órganos internacionales previamente establecidos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los órganos especializados creados a partir de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México es parte, como el Comité Contra la Tortura o el Comité Contra la Desaparición Forzada.
La responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad recae en las personas concretas que los cometen, es decir, en la responsabilidad subjetiva. Estos crímenes se establecen en el artículo 7º del Estatuto de Roma y son juzgados en la Corte Penal Internacional, tribunal que persigue estas conductas penales internacionales.
Una grave violación a los derechos humanos puede ser un crimen de lesa humanidad, pero el elemento diferencial es la responsabilidad individual de quien realiza el acto y de quien lo juzga.
¿Qué acciones debemos llevar a cabo las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de familiares de víctimas para que estos hechos no vuelvan a suceder?
En el informe planteamos la necesidad de reconfigurar el sistema penal en México, se requiere investigar y enjuiciar las conductas que observamos como crímenes de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma y, para ello, es importante que la investigación de los casos consideren al menos los dos siguientes elementos:
1. Construir los casos y las responsabilidades penales a través de la cadena de mando, lo que no se ha hecho y nunca se ha investigado en el país, por ejemplo el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo del gobierno de Morelos, donde dos funcionarios están vinculadas a proceso, pero no se investiga quiénes dieron las órdenes y permitieron que estos graves hechos sucedieran. No se trata sólo de investigar al anterior procurador general, sino también al que está arriba de él. La investigación debe incluir a aquellas personas que dieron las órdenes y a aquéllas que no tomaron las acciones necesarias –comisión por omisión– para prevenir estas conductas.
2. En el informe mostramos cómo en muchos de los casos no solamente actores estatales cometen estas atrocidades, sino también actores no estatales, grupos de la delincuencia organizada. Estos últimos también están enmarcados en la definición de quienes pueden llegar a cometer crímenes de lesa humanidad, elemento principal de nuestro informe, ya que grupos criminales como los Zetas realizan, ordenan y/o planifican ataques generalizados y sistemáticos, además cuentan con una estructura de poder en varios niveles, una cadena de mando.
Además debe existir voluntad política por parte de todas las instituciones del Estado mexicano, sin ella no hay posibilidades de avanzar en las demás recomendaciones.
En lugar de reconocer el problema, funcionarios de alta jerarquía han optado por la rutina de atacar a los funcionarios de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros que han destacado estos crímenes atroces. En algunos casos, en respuesta a las presiones de la opinión pública, funcionarios han hecho promesas que en su mayoría nunca cumplen.3Ibid., p. 17.
Posteriormente, pedimos la creación de una entidad de investigación internacional con sede en México, un órgano autónomo e independiente que investigue y procese causas penales en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción.
En el informe señalamos que la entidad internacional debe tener como mandato:
• Investigar de manera independiente los crímenes atroces y grandes casos de corrupción, y presentar estos casos ante los tribunales de México;
• Proporcionar asistencia técnica a la Fiscalía y a la policía de investigaciones;
• Desarrollar propuestas de reforma al sector judicial y someterlas a consideración del gobierno de México, el Congreso y el público en general;
• Producir informes públicos sobre el estado de la reforma del sector judicial y el estado de derecho en México, así como los avances de la justicia penal en materia de desapariciones, torturas y asesinatos.
Además, la entidad debe contar con la potestad de concertar acuerdos de protección de testigos con agencias nacionales confiables y otros Estados. Su mandato debe ser renovable y lo suficientemente largo en primera instancia –por lo menos más largo que un periodo presidencial– a fin de garantizar que contará con el tiempo necesario para llevar a cabo investigaciones complejas, labores de análisis y elaboración de informes.
Existen dos ejemplos que México puede recuperar para la creación de este ente internacional: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)4Para más información visite: http://www.cicig.org. y el mecanismo de investigación llevado a cabo a partir del asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, en Honduras. Un ejemplo del tipo de casos que la entidad internacional debe investigar es el caso reciente del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el que a partir de testimonios ante el sistema de justicia de Texas, uno de los exoperadores financieros del cártel de los Zetas aseguró que durante el gobierno de Moreira “…el grupo criminal ejerció tanto control en el penal de Piedras Negras, Coahuila, que sus sicarios lo utilizaron como un matadero para desaparecer y disolver cuerpos”.5“Testigo revela poder de Los Zetas presuntamente auspiciado por Moreira”, La silla rota, http://lasillarota.com/revelan-poder-de-los-zetas-impulsado-por-humberto-moreira#.V5-fDoS7DyL, 28 de julio de 2016.
Este tipo de investigaciones no pueden ser llevadas por la Fiscalía de Coahuila o por la federación, pues la experiencia nos ha mostrado que no son instituciones independientes ni autónomas, además de todos los intereses políticos que tiene un caso como éste.
Para que la entidad internacional funcione, el Estado debe:
• Garantizar que las víctimas participen activamente en la construcción e implementación de ésta;
• Reconocer que existe una crisis estructural en sus fiscalías y en los diversos órganos de investigación, por ello debe haber un periodo donde el Estado permita una asistencia técnica internacional para la capacitación y formación de su personal;
• Garantizar que los servicios forenses sean autónomos y estar fuera del ámbito de la Procuraduría General de la República o de las fiscalías locales;
• Las fuerzas armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad pública y se debe aprobar la legislación que regule el uso de la fuerza. “Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararían”.6Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, Open Society Foundation, 2016, p. 8.
¿Podemos hacer una comparación de los crímenes que están sucediendo en México con algún otro país o en un contexto similar?
Es difícil comparar a México con otros países u otros contextos, cada uno vive situaciones diferentes a pesar de que están enmarcados en una política global de “guerra contra las drogas”. En Colombia, por ejemplo, donde está reconocido como un conflicto armado interno y que, por tanto, los grupos armados han sido reconocidos por el derecho internacional humanitario como actores. Sin embargo, en México los grupos del crimen organizado nunca han sido reconocidos como tales, y me atrevo a decir que eso no sucederá debido, entre otras cuestiones, a que el Estado no reconocerá jamás que en México puede existir un conflicto armado interno.
Lo que sí podemos hacer, como lo dije antes, es recuperar la experiencia internacional de los países que han investigado y juzgado crímenes de lesa humanidad. No sólo a partir de los instrumentos judiciales, sino también será importante comparar los obstáculos estructurales que favorecen y mantienen la impunidad en esos contextos.
Retomando nuevamente el caso de Guatemala, podemos observar cómo a pesar de que hubo denuncias de genocidio nunca se realizó una investigación adecuada por parte del Estado mientras sus propias instituciones indagaron los hechos, pero cuando existieron las condiciones que mencioné en la anterior pregunta, la ciudadanía guatemalteca logró que las autoridades judiciales sentaran a Ríos Montt a comparecer en un juicio, a pesar de todas las implicaciones políticas que estaban alrededor.
Que un expresidente fuera sometido a investigación es un avance muy importante para conocer la verdad de lo sucedido en Guatemala, y el CECIC es un actor muy importante para ello. El caso de Perú y el enjuiciamiento de Fujimori por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, permitió también una transición en el país y el comienzo de la reconstrucción del tejido social, además de una satisfacción para las víctimas y sus familiares. En cambio, en México, una persona como el expresidente Echeverría está disfrutando hoy de una pensión millonaria y de privilegios obscenos.
En Honduras se está abriendo un proceso similar a raíz del asesinato de Berta Cáceres, la investigación ha tenido un gran avance y se está logrando que el caso sea mínimamente esclarecido, todo gracias a la presión de la comunidad internacional, de las organizaciones sociales y de la propia familia de Berta.
El gran problema que tenemos en México es que no hemos avanzado absolutamente en nada en esclarecer ni uno solo de los crímenes atroces que se han cometido. La forma en la que podemos comparar a México con otros países es a partir de los patrones de impunidad y las estructuras que la permiten, en comparación con otros países en los que han avanzado mucho a pesar de que tienen democracias menos sólidas.
En este país la corrupción y la impunidad están completamente interiorizadas en la estructura misma del sistema político, que nos indica que no podremos tener ningún avance para alcanzar la justicia si no construimos un ente internacional independiente avalado por el Estado y la ciudadanía. La propuesta está detallada en el informe, hay que discutir sobre ella.
Las experiencias de las organizaciones nacionales e internacionales recuperadas en el informe y sus recomendaciones son un llamado de atención para nuestras autoridades, pero también un mensaje de esperanza para las víctimas y sus familiares de que con la voluntad y reconstrucción de las instituciones sus casos no quedarán en el olvido ni en la impunidad. ❧
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