EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO de los partidos surge de la búsqueda de equidad entre partidos y candidatos durante las competencias electorales. Pronto las prerrogativas partidistas se convirtieron en fuente de corrupción y de enriquecimiento ilícito de una clase política que se ha eternizado en el poder. Urge una nueva reforma política que anule el financiamiento público de los partidos, los que deberán ser financiados por sus afiliados, mediante donativos voluntarios acotados y rigurosamente reglamentados; el apoyo del Estado a las actividades electorales de partidos y candidatos, deberá ser garante de la competencia en condiciones de equidad.
CONDICIONES DETERMINANTES DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
A principios de los setenta, el partido de Estado (PRI) se mantenía como una aplanadora electoral, una que ganaba el 100% de los cargos de elección. El principal argumento de los abstencionistas de entonces era: “Para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar”, además, si de milagro pierde, “el PRI arrebata”. El presidencialismo y partido de Estado tenían un poder absoluto, incluyendo los recursos para las campañas de sus candidatos. Violentando el derecho constitucional de libre afiliación, los millones de trabajadores que cotizaban en las organizaciones sociales corporativizadas en la CTM, FSTSE (incluyendo al SNTE), tenían en sus estatutos la afiliación automática al PRI; en otras palabras, todos los trabajadores estaban afiliados de manera obligada al PRI y, por tanto, sus líderes sindicales disponían a su entera discreción de millones de pesos para apoyar a los candidatos de este partido. Sin ningún vestigio de fiscalización ni de transparencia, el presidente, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, usaban los recursos de las instituciones del Estado para financiar a los candidatos del propio PRI. Como si todo ese robo no fuera suficiente, el maridaje entre empresarios y gobernantes ocurría con todo cinismo; los plutócratas invertían una millonada en el PRI y sus candidatos, con el objeto de continuar obteniendo obras, contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado. La mafia, asimismo, metía mano libremente financiando a sus candidatos, futuros defensores, cómplices y socios de sus negocios ilícitos.
Mientras tanto, las oposiciones vivían en la marginación económica: el PAN hacía sus famosas rifas de autos, y su clase media y pro-confesional le aportaban la mayor parte de sus recursos. El PPS disponía de algunos recursos procedentes de la clase trabajadora y de las migajas de recursos que algunos de sus líderes sustraían de sus contactos con funcionarios priístas. El PCM, que no tenía todavía registro, sobrevivía en la penuria que le daba la escasa cotización de sus militantes, como de la venta de libros y la recaudación de entradas anuales al Festival de Oposición. En otros partidos, como el PARM y el PDM, la marginación era similar. En tales circunstancias, es de entenderse por qué el PRI resultaba con carro completo en cada proceso electoral.
PRINCIPIOS PARA LA REFORMA Y
EL FINANCIAMIENTO PARTIDISTA
El PCM fue uno de los principales promotores del financiamiento público de los partidos; el PAN se sumó a la propuesta, frente a una férrea oposición del PRI. Los argumentos de la oposición ganaron simpatía entre la gente pensante, especialmente en los ámbitos académicos y universitarios, como entre los periodistas más honestos y con mejor credibilidad de la época. No puede haber democracia si no hay principios de equidad entre los contendientes, era uno de los principales argumentos. El PRI tuvo que sopesar costos y beneficios; tenía la necesidad de superar el descrédito nacional e internacional como resultado de la masacre de Tlatelolco (1968), la matanza del Jueves de Corpus (1971), la represión a los electricistas de la tendencia democrática del SUTERM, el fortalecimiento de la guerrilla, las protestas por los presos políticos, y un creciente abstencionismo. Por ello consideró conveniente abrir válvulas de escape y promulgar la reforma política de 1977, la que se concreta con la reforma del artículo 41 de la Constitución y la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE).
La reforma del art. 41 de la Constitución estipulaba que: “Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral (…)”. Establecía, además, que los partidos tenían “derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social (…)”. Además, ordenaba que en los procesos electorales los partidos debían “contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio”. Desde entonces a la fecha el artículo 41 ha tenido ocho reformas; la II fracción de ese artículo dice:
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado (…).
SITUACIÓN ACTUAL Y PERTINENCIA
DE UNA NUEVA REFORMA
La falta de democracia directa al interior de los partidos ha generado una clase política que vive de manera permanente de la apropiación de las prerrogativas partidistas, como de las jugosas dietas de los puestos de elección y cargos públicos; además, el financiamiento público no ha impedido la inequidad, ni que los partidos y candidatos usen los recursos de las instituciones y programas de gobierno. Tampoco ha erradicado el financiamiento oscuro de empresarios y mafiosos para los politicastros que antes, durante y después de cada campaña se promueven. Esta situación demanda una nueva reforma democrática que atienda de manera íntegra el problema de la corrupción y la falta de equidad. Respecto al financiamiento público, esta nueva reforma democrática deberá anular las prerrogativas económicas de los partidos, los que deberán ser financiados con las cuotas de sus afiliados, mediante donativos voluntarios en efectivo y mensuales, no mayores a un día de salario mínimo, no deducibles y con un concentrado contable transparente y público.
Para impedir que la riqueza o modestia de recursos de cada candidato sea desequilibrada, sólo podrán gastar dos salarios mínimos, mensualmente, durante la competencia. A los partidos y candidatos que reciban donativos mayores, o que usen recursos de programas e instituciones del Estado, como del crimen organizado, se les deberá retirar el registro, cargo o candidatura que haya sido resultado de tales relaciones y actividades ilícitas. Los recursos que el Estado destine para promover los eventos y debates electorales mediáticos, auditorios, e instalaciones serán iguales para todos los partidos y candidatos que compitan por un cargo de elección. ❧
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