LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA de una comunidad se ve afectada por la violencia ejercida por los grupos criminales; mientras más violencia existe, menor es la participación. Asimismo, la violencia ha generado que grupos de víctimas como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)1 y los familiares de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, hagan un llamado a la sociedad a no participar en las elecciones, al considerarlas una simulación y una manera de perpetuar la violencia. Lo que parece claro es que mientras la emergencia nacional perdure en México las contiendas electorales no se pueden traducir en personas e instituciones legítimas.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años varios colectivos de víctimas han denunciado la falta de credibilidad de los diversos procesos electorales en México. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que las políticas públicas creadas, promovidas y defendidas por los tres poderes han sido las herramientas generadoras de la emergencia nacional2 que estamos viviendo. La violencia del crimen organizado y el terrorismo de Estado ha hecho que la participación política esté limitada3, impidiendo que una persona pueda ser candidata o que un partido político pueda contender en alguna comunidad, o que simplemente la ciudadanía perciba que “su voto” o su participación en las elecciones no tiene ningún sentido.
En Morelos, por ejemplo, existe evidencia de que grupos criminales han intentado influir en la política y las elecciones en los últimos años4. Uno de los casos más recientes fue denunciado en marzo del presente año por un alto funcionario estatal de la tercera fuerza política de la entidad5, quien aseguró que seis candidatos a presidentes municipales se retiraron del proceso electoral tras recibir amenazas de secuestro e intentos de extorsión por parte del crimen organizado.
Además, en un reciente informe6, Morelos fue considerada como la penúltima entidad con menos paz en México, para que esto fuera posible se tomaron en cuenta diversos factores entre los que destacan la revisión del funcionamiento del gobierno, los niveles de corrupción, los delitos de alto impacto y las relaciones con los vecinos. El estudio estima que en México el impacto económico total de la violencia es de tres billones de pesos, lo que equivale al 17% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ante este panorama es indispensable comprender los efectos de la violencia en la participación política. Para ello, por un lado, describiré algunos de los aportes de la investigación de la Dra. Sandra J. Ley7,“Violence and citizen participation in Mexico: from the polls to the streets”8, los cuales me parecen fundamentales para iniciar el debate de los costos de la violencia en la participación política en México. Por otro, recuperaré dos de las diversas propuestas y demandas de colectivos de víctimas y sobrevivientes, frente a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en junio de este año y la deslegitimación de los poderes y los partidos políticos que han creado, promovido y defendido políticas públicas generadoras de violencia.
PARTIDOS TEMEN AL CRIMEN9
El anterior encabezado publicado en primera plana de un diario de circulación nacional refleja la forma en la cual la violencia repercute en el proceso electoral. Asimismo, de acuerdo con Sandra J. Ley10 existe una violencia selectiva con el fin de beneficiar a un grupo político; a su vez, destaca cómo el partido en el poder hace cumplir la ley o no con la finalidad de obtener beneficios por parte del crimen organizado (información, dinero, contención o exacerbación de la violencia, etcétera).
Aunque pareciera que las personas que participan en los partidos políticos o en la función pública están libres o al menos más protegidos de ser víctimas de la violencia, tan sólo entre 2007 y 2014 se tiene un registro de 441 agresiones a candidatos políticos11, que van desde amenazas hasta secuestros y asesinatos. Sin embargo, las agresiones no siempre van dirigidas a candidatos, sino que las amenazas también son dirigidas al electorado12, a través de narco-mensajes del crimen organizado que exigen a la ciudadanía apoyar a algún partido político o candidato, o atenerse a las consecuencias.
Para terminar el apartado y responder cómo la violencia impacta la vida democrática, quisiera compartir las siguientes tablas elaboradas por Sandra J. Ley y el Dr. Guillermo Trejo13, las cuales muestran, por un lado, cómo existe una mayor participación política en las comunidades en las cuales no existió ninguna agresión criminal en contra de figuras políticas, y por otro, cómo la tasa de homicidios influye en la participación de los ciudadanos en las elecciones municipales, es decir, mientras más homicidios menor participación electoral14.
MÉXICO ARDE Y A LOS POLÍTICOS SOLO
LES IMPORTA QUIÉN ADMINISTRA EL INFIERNO15
Al finalizar la Marcha por la Paz, el 8 de mayo de 2011, Javier Sicilia16 emitió un discurso en el cual uno de los puntos principales era la exigencia de la democracia participativa, además de denunciar la participación del Estado y de los partidos políticos como promotores de la violencia a través de su vínculo manifiesto con el crimen organizado. El MPJD, en aquel discurso, cuestionaba a los partidos políticos: “…sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones: ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar?”
Fotografía de Rodrigo González Olivares
A casi cuatro años de aquel discurso, Javier Sicilia, junto con el MPJD, han convocado a boicotear las elecciones del 7 de junio de 201517, piden a la ciudadanía “abstenerse de votar, anular el voto o romperlo en la casilla”, como un acto de desobediencia civil. Para el poeta y el colectivo de víctimas, la contienda electoral es una simulación de la cual no serán partícipes; señalan también que se gastan millones en la partidocracia, robándole presupuesto a la justicia, la educación y la paz.
Del mismo modo, desde principios de 2015 los padres de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada y seis estudiantes asesinados han hecho un llamado a que no se realicen las elecciones en Guerrero el 7 de junio de 2015, “porque ningún partido es la solución al problema de México, y votar es votar por el crimen organizado y por los mismos políticos desvergonzados, rateros y asesinos”18.
Podría continuar enumerando los cuestionamientos de familiares de víctimas de los procesos electorales en México, pero por razones de espacio no es posible. No obstante, quisiera terminar el apartado reflexionando en torno al por qué de estos llamados, los cuales surgen principalmente, como lo dije en un inicio, por ser el ejemplo más claro de cómo las políticas públicas erróneas establecidas por el Estado mexicano han generado miles de víctimas que, a su vez, se traducen en un Estado de democracia simulada.
CONCLUSIONES
Como podemos observar, los niveles de violencia repercuten negativamente tanto en la participación política como en la legitimidad de las contiendas, además cada vez más voces hacen un llamado a no legitimar los comicios. Por tanto es necesario preguntarnos si en México el voto es una herramienta democrática o si sólo es una manera de perpetuar y legitimar a los poderes fácticos.
Algo que parece claro es que mientras sigan los registros actuales de violencia y exista una parte de la sociedad sin acceso a la justicia, no podemos decir que en México las contiendas electorales se traducen en personas e instituciones legítimas.❧
