“La universidad por naturaleza tiene que ser crítica del devenir histórico y tiene que desvelar la realidad y ponerla al descubierto para formar realmente ciudadanos que estén en posibilidades de empoderarse y de construir un futuro diferente”, dijo Alejandro Vera en el primer número de Voz de la tribu, en agosto de 2014. Hoy sus palabras hacen eco y hallan una mayor relevancia frente a escenarios como los de las fosas de Morelos, con las acciones de una universidad socialmente responsable que le apuesta a la memoria.
A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de su comunidad universitaria y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde su inicial aparición pública el 1 de enero de 1994, en San Cristóbal de las Casas, instaló en el centro de su narrativa la idea de que lo que la sociedad debe alcanzar, debe conquistar, es la justicia verdadera.
Años después, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por nuestro entrañable amigo, colega y compañero de mil batallas, el poeta Javier Sicilia, pone también en el centro de su narrativa la exigencia de justicia y dignidad.
No es casual que así sea.
El espejismo del desarrollo que se instaló en el mundo durante la segunda posguerra, que en nuestro país se denominó “desarrollo estabilizador”, construyó la narrativa aquella de primero crecer para después repartir.
Y con esa zanahoria con la que se hacía caminar a la sociedad se aventó al cajón de los trebejos inútiles y desechables a la equidad y a la justicia.
La inexistencia hoy de justicia verdadera, de una paz con justicia y dignidad, no es algo que surgió de la nada y nos engulló de la noche a la mañana; es algo que se sembró hace varias décadas, es algo a lo que se le brindaron cuidados y atenciones especiales y cuyos frutos perversos de violencia y descomposición social, empezamos a cosechar en la última década del siglo XX y los primeros 16 años del siglo XXI.
Traigo esto a colación porque estoy convencido de que sin una recuperación crítica de la historia reciente con dificultad podremos encontrar explicaciones a las atrocidades innegables que triste y dolorosamente envuelven a nuestra cotidianidad y definen en la actualidad nuestro ser y nuestro estar en el mundo.
En esta recuperación crítica de nuestra historia reciente hay, al menos, dos hechos de singular trascendencia: la matanza del 2 de octubre de 1968 y la guerra sucia de los años setenta.
Soy de la idea de que las lecciones que como sociedad hemos obtenido de esos dos acontecimientos no se han traducido en transformaciones de las instituciones ni en la definición de nuevas políticas sociales.
En el 2 de octubre de 1968 y en la guerra sucia de los años setenta hay dos instituciones que quedaron salpicadas, hasta el tuétano, de injusticia y sangre: el poder ejecutivo –y, dentro de él, señaladamente, la Presidencia de la República y las áreas de procuración de justicia–; y las fuerzas armadas.
Tracemos una línea del tiempo que una los 48 años que separan el hoy del octubre del 68.
Son 48 años en los que el entramado sistémico institucional, entre la Presidencia de la República, las áreas de procuración de justicia y las fuerzas armadas, operan con códigos de intereses para minimizar o aniquilar a los enemigos y maximizar la ganancias del gran capital y mantener sometidos, por la fuerza o por el miedo, a los ciudadanos. Es, sin duda, un entramado sistémico que se aceita de corrupción y chapotea en el lodo inmundo de la impunidad.
Si algo demuestra el informe de Open Society Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad es precisamente que las atrocidades innegables son más producto de instituciones y organizaciones desquiciadas, que de individuos en la misma circunstancia.
En varias de las atrocidades innegables que presenta el informe es escandaloso que en muchos casos desde las instituciones del Estado se construya una narrativa con la clara finalidad de distorsionar los hechos, que tiene la clara intención de imponer una visión y una interpretación, que tiene la clara intención de mentir, de ocultar la verdad.
Aquí en Morelos no somos ajenos ni a las atrocidades innegables ni a la mentira como forma de gobierno; el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo lo deja en claro. El gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y una buena parte de su séquito y de sus “focas” aplaudidoras, insisten en dar por cerrado el caso de las fosas de Tetelcingo y calificar el asunto como un asunto de irregularidades administrativas, cuando es evidente que lo que ahí se tiene son atrocidades innegables, y porque lo son la UAEM ha alzado la voz y la seguirá alzando; se lo debemos a las víctimas, nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a las futuras generaciones.
No es aceptable que México sea territorio de atrocidades innegables, no es aceptable que Morelos sea territorio de atrocidades innegables; lo repudiamos desde el fondo de nuestro corazón, lo repudiamos con toda la fuerza de nuestras convicciones, y estamos dispuestos a poner en esta batalla toda la reserva moral de los universitarios de la máxima casa de estudio de Morelos, toda la fuerza moral e intelectual del conocimiento que se crea y se cultiva en la UAEM, como lo hicimos en Tetelcingo y lo seguiremos haciendo hasta que se haga justicia verdadera, hasta que las víctimas recuperen una paz justa y digna.
Las amenazas y las denostaciones no nos amedrentan.
Las presiones y el uso faccioso de la ley y el poder, en contra de nuestras personas y de la universidad, son sin duda expresiones incivilizadas, insensatas y polarizadoras que atentan contra la sana convivencia.
Hoy instaurar el reino de la civilidad pasa por un ¡ya basta! al ejercicio faccioso y autoritario del poder; por un ¡ya basta! de corrupción e impunidad; ¡ya basta! de complicidad de los gobiernos y los gobernantes con los crímenes de lesa humanidad de todas las atrocidades innegables que pueblan en territorio nacional. ¡Ya basta de vivir en un estado mafioso!
Por una humanidad culta,
una universidad socialmente responsable.
Cuernavaca, Morelos,
9 de agosto de 2016. ❧
