La Constitución de la Ciudad de México fue un acontecimiento sociopolítico que puso en cuestión la capacidad de organización de una parte de la sociedad capitalina; asimismo, generó que se confrontaran ideas, posturas y propuestas del grupo redactor y, sobre todo, que se analizaran las principales problemáticas que aquejan a la ciudad. Al final, pareció inclinarse por una corriente política progresista, en pro de la igualdad, del medio ambiente y de la ciencia. Pero, ¿qué implicó este ejercicio? ¿Cambió la vida de los ciudadanos? Esta entrevista ofrece un acercamiento al tema.
Entrevista a Carlos Cruz
A partir de la reforma política que el constituyente permanente realizó en 2016, se le concedió a la Ciudad de México autonomía constitucional y se transformó su naturaleza jurídica, que le reconoció como una entidad federativa con plenos derechos. Esta reforma determinó que el Jefe de Gobierno en funciones elaboraría y remitiría el proyecto de la primera Constitución Política, que posteriormente sería remitida a la Asamblea Constituyente para discutirla, modificarla, adicionarla y votarla en un periodo de tiempo concreto, que concluyó el pasado 5 de febrero de 2017.
Para elaborar el proyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, convocó a un grupo plural e incluyente de ciudadanas y ciudadanos para integrar la Comisión Redactora de la Constitución de la capital. Las personas que integraron la comisión se destacaban por su alta participación social, política, jurídica, cultural y de desarrollo urbano en la Ciudad de México.
Uno de los 28 integrantes de esta comisión fue Carlos Cruz Santiago, quien se presenta así mismo como un “pandillero por la paz”, una persona que en su adolescencia y juventud generó y recibió violencia, pero que, después de ver cómo sus amigos y compañeros del barrio iban muriendo uno a uno, se dio cuenta de que la violencia no resolvería los problemas de su comunidad, así que optó por trabajar con sus enemigos a través de un proceso de diálogo y construcción de paz. Más tarde este trabajo lo llevó a fundar Cauce Ciudadano, organización social dedicada a rescatar a jóvenes de las pandillas. Para él, no era la primera vez que creaba una ley; a través de Cauce, logró transformar la ley del Talión presente entre las pandillas por una ley de reconciliación basada en el sentido común y la resiliencia.
Esta entrevista se llevó a cabo en varias partes, entre diversos intermedios de foros dirigidos a detener otra legislación, la Ley de Seguridad Interior, que pretende normalizar el militarismo en el país.
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Carlos, gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero que me gustaría saber es: ¿qué significó para ti formar parte de la creación de la primera Constitución de la Ciudad de México?
Significó la oportunidad de aportarle a una gran ciudad, a un espacio donde el reconocimiento se convierte en proceso dialógico de saberes. La construcción de la primera Constitución de la Ciudad de México implica una serie de reconocimientos a las luchas de la sociedad civil organizada, pero también a las del movimiento urbano popular.
La Constitución, además, reconoce la lucha por la igualdad y el reconocimiento de las mujeres; por el derecho de las poblaciones juveniles y también implica la recuperación del proceso de transformación económica y social que ha tenido la ciudad en, al menos, los últimos 20 años, transformación que considero que no se ve en ningún otro estado de la República. La Ciudad de México ha logrado generar una alteridad distinta desde un territorio del país en donde los derechos civiles y políticos, y en general los derechos humanos, son diferentes del resto del territorio nacional.
Concebimos a la Constitución de la Ciudad de México como una herramienta de defensa contra el pacto de impunidad, la corrupción y la necedad del mundo adulto de no reconocer los derechos de las y los jóvenes.
El tema dentro del grupo redactor que generó más polémica, más bien, pensándolo mejor, mayor discusión, fue el de establecer una serie de criterios que pudieran sostenerse en la Asamblea Constituyente; criterios que tenían que ver con el Tribunal Superior de Justicia, la transformación de los organismos autónomos para fortalecer a las víctimas y darles un sentido de defensoría. Por desgracia, eso no se logró por completo. Hubo otros temas en los que no concedimos dar ni un paso atrás, como por ejemplo el derecho al agua o la posibilidad de gravar a los inmobiliarios.
Concebimos a la Constitución de la Ciudad de México como una herramienta de defensa contra el pacto de impunidad, la corrupción y la necedad del mundo adulto de no reconocer los derechos de las y los jóvenes.
¿Cómo llegaste a formar parte del grupo redactor del proyecto de Constitución para la Ciudad de México?
Fui invitado por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera por la trayectoria que tenemos como organización Cauce Ciudadano. Para mí no representó una invitación personal, siempre la pensé y valoré en términos colectivos, como una forma de recuperar la experiencia de Cauce y de representación de las poblaciones juveniles de la Ciudad de México. Cauce como un canal de defensa de la libertad de expresión, derecho a la manifestación y, en términos de su experiencia, también del combate a la delincuencia organizada, de atención a las víctimas que éste propicia y la lucha contra la corrupción política y empresarial.
La participación de Cauce, paradójicamente, se da en la experiencia que tuvimos en la generación de la violencia en la ciudad, pero también surge de nuestra transformación personal y del territorio en el que crecimos; es un trabajo al que no está acostumbrada la clase política, pues no nos dedicamos a generar clientes electorales, sino conciencia y una ciudad con libertades y derechos. En lo personal considero que a lo que más tiempo le dedicamos y defendimos fue a la integración del capítulo de derechos de los barrios y pueblos originarios.
¿Hubo algún tipo de presión por parte de grupos políticos o de poder para integrar o disolver algún tema en el proyecto constitucional?
Al final, nuestra intervención como grupo redactor se convirtió en un documento de directrices más que un texto de carácter sólo legislativo. Como grupo, recuperamos la opinión de cientos de colectivos de ciudadanos que presentaron propuestas, escuchamos también a la ciudadanía a través de una página web, conferencias, seminarios, foros, reuniones y charlas de café a las que nos convocaron.
El grupo redactor tenía muy claro que no sólo se trataba de escribir un documento y mandarlo a la Asamblea Constituyente, sino también de seguir defendiéndolo junto con los asambleístas, para que no se perdiera el sentido que le imprimimos a nuestra propuesta. Particularmente, estuve siguiendo el proceso en la asamblea, acompañando en todo momento a Clara Jusidman; cuando se discutió nuestra propuesta, ambos hicimos mancuerna y generamos un discurso fuera de todo interés político.
Participar en este proceso me dejó una gran satisfacción, principalmente porque pude trabajar con completa libertad, lo que me permitió dialogar con todas las fracciones parlamentarias de los partidos políticos. En este diálogo me encontré con muchas personas abiertas a escuchar nuestras críticas, pero también con quienes deberían buscar otra forma de vida, llevar a cabo otra profesión; lo digo con un tono respetuoso, pero asimismo como un reclamo, porque hubo personas que no aportaron nada positivo a este ejercicio democrático.
Algunos de estos personajes son profundamente corruptos y tienen demasiado arraigada la cultura de intercambio: “¿qué me das para dejar que pase X o Y?”. Para nosotros el acuerdo no debe ser un intercambio, sino un proceso de diálogo y de reconocimiento de las necesidades de las personas y de los grupos de población. Existen problemáticas que son mucho más urgentes que cualquier acuerdo político que pueda haber tenido cualquiera de esos partidos que buscan mantener el pacto de impunidad.
¿Cuáles son las diferencias principales entre la propuesta del grupo redactor y la primera Constitución de la Ciudad de México?
La diferencia principal entre el grupo redactor y la asamblea constituyente, me parece, es que podemos verla desde la territorialidad y el trabajo directo con todos los tipos de personas que viven en la Ciudad de México. El grupo redactor conocía la relación desde las personas hacia las instituciones, mientras que la mayoría de integrantes de la asamblea tenía idea de la relación entre las instituciones y las personas.
Una de las diferencias más preocupantes y sustanciales fue la de cómo concebimos el gravamen al desarrollo inmobiliario. Tras la propuesta que hicimos vimos con mucha tristeza cómo, al paso de la asamblea, los partidos defendieron los intereses de las empresas privadas por encima del bien común. Fue terrible ver cómo todos los partidos, incluyendo al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dentro de los asambleístas, tenían personas ligadas a las inmobiliarias, y más allá de generar un proceso de humanización, mantuvieron una idea de ciudad como botín.
La mayor presión de los grupos políticos provino de las personas que tenían más experiencia en cargos de elección popular y procesos legislativos, con excepción de Alejandro Encinas, quien defendió la postura de la sociedad civil en momentos difíciles. Gracias a él se dio un proceso más democrático. Otra presión fuerte se presentó de parte de los asesores jurídicos de los grupos parlamentarios, a quienes les demostramos que la construcción de una Carta de Convivencia no sólo es un tema de abogados, sino también de todas las personas que luchamos día a día en nuestros barrios y comunidades para tener una ciudad mejor. Les demostramos a la asamblea y a los partidos que en la Ciudad de México existe una sociedad civil fuerte, con la que se puede dialogar en horizontalidad, que aporta todo tipo de experiencias para mejorar la convivencia en nuestra ciudad y en nuestro país.
¿Cuáles problemáticas piensas que quedaron fuera o se quedaron cortas en la Constitución?
Algo importante que quedó fuera de la primera Constitución tiene relación con la renta básica. No es posible que la asamblea la haya regateado, resulta un tema fundamental para el combate a la pobreza. La ciudad cuenta con suficientes recursos para cubrirla; tiene que ver con una reingeniería social y de finanzas. Se pudo haber solucionado en este ejercicio democrático. Dejar este tema fuera lo mantiene como un foco rojo que persistirá.
¿Qué cambios observas en la vida pública de los ciudadanos que viven o transitan en la Ciudad de México a partir de la publicación de la Constitución?
A partir de que entre en vigor nuestra nueva Constitución, vendrá un gran reto de transformación para la ciudad. Iniciaremos una nueva pedagogía de convivencia, los jóvenes tendrán el papel fundamental de empujarla con más fuerza; les permitirá garantizar desde el derecho a manifestarse hasta el de tener una relación amorosa. La Constitución de la Ciudad de México es un reto, pero también una oportunidad para que otros estados observen lo que se puede hacer con los recursos públicos y puedan observar nuestra idea de ciudad-comunidad.
¿La Constitución de la Ciudad de México puede convertirse en un referente para otros estados?
Sí. Un punto del que todo el país tiene mucho que aprender es el que reconoce a los grupos de atención prioritaria, ya no vistos y llamados como grupos vulnerables, a los que hay que tratar desde un punto de vista asistencialista; estos grupos prioritarios serán considerados ahora como sujetos en pleno uso de sus derechos.
En el reciente entramado jurídico hay un nuevo reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; también en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de nuestros representantes y nuestros funcionarios públicos, particularmente a través del llamado Consejo Judicial Ciudadano, que supervisará al Tribunal Superior de Justicia.
El consejo elegirá al Consejo de la Judicatura, tema por el cual el propio tribunal está intentando vetar la Constitución de la Ciudad de México a través de una controversia constitucional, con el objetivo de mantener sus privilegios. Nuestro mensaje para el Poder Judicial es que se acabó la fiesta: no más impunidad y no más corrupción.
Otros temas que deben retomar los demás estados son la revocación de mandato, la correcta rendición de cuentas y la transparencia y acceso a la información. La revocación de mandato y la participación ciudadana son dos de los principales temores de nuestra clase política, porque significa regresar a los ciudadanos la democracia, que se encuentra desaparecida de la vida política de nuestras comunidades. ❧
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