Estamos reunidos aquí por una preocupación común, que es la dramática situación económica y social del país y la incapacidad demostrada del Estado para hacer frente a los grandes problemas nacionales.
La sociedad mexicana está hoy más fragmentada que nunca (para no decir despedazada), y lo que debiera ser una conversación civilizada y respetuosa entre los distintos sectores nacionales se ha vuelto un diálogo de sordos, cuando no una serie de pleitos acompañados de descalificaciones mutuas, desconfianza recíproca y destemplanzas impertinentes. De allí la ingente necesidad de rehacer el tejido nacional y reconstruir la casa común que nos alberga a todas y todos.
Las fracturas que recorren la geografía social y económica del país tienen múltiples raíces y sólo podrán ser sanadas con un esfuerzo colectivo en que todos jalen parejo. Por desgracia, éste no es el caso actualmente.
El concepto que tradicionalmente esgrimen analistas, políticos e ideólogos para enfrentar la compleja problemática de sociedades fragmentadas y fracturadas es el de “unidad nacional”, que puede referirse a diversos procesos y objetivos. Una y otra vez, en la historia del país, se ha planteado la necesidad de conseguirla. Invocar la unidad nacional contra tres invasores externos durante el siglo fue, sin duda, una hazaña política para todos los protagonistas de la época, que influyó en la conformación de la emergente identidad nacional mexicana. Nuevamente se oye hablar de la unidad nacional en las postrimerías de la Revolución mexicana, cuando las distintas fuerzas militares y políticas enfrentadas acaban por unirse para construir al México moderno. Ahora, la unidad nacional se transformará en ideología política hegemónica ejercida por el poder del Estado, manipulado durante más de 75 años por un solo partido político en el poder.
Aunque ha cumplido algunas funciones positivas, el concepto de unidad nacional ha servido también a otros propósitos. Me refiero sobre todo a la gran diversidad étnico-cultural de la población mexicana, resultado de la convivencia de pueblos de origen distinto.
Desde la segunda mitad del siglo XIX las clases dominantes comenzaron a preocuparse por la falta de “integración nacional” en el país, que atribuían a la existencia de la población indígena (en aquel entonces abiertamente mayoritaria). Después de la Revolución, el Estado asumió la tarea de “incorporar” a la población indígena a la nación, tarea que le fue encomendada a la escuela rural mexicana desde la década de 1920 y, posteriormente, a la política indigenista, que no condujo al bienestar de los pueblos indígenas.
Pueblos indígenas de varios países se hicieron presentes en diferentes foros y encabezaron un movimiento por el reconocimiento de sus derechos, que finalmente se plantearon en el Convenio 169 de la OIT en 1989 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. A consecuencia de estos eventos, pero sobre todo como respuesta a las demandas enarboladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a partir de su levantamiento en Chiapas en 1994, fueron modificados por el Congreso de la Unión varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las situaciones, sin embargo, no cambian por la simple expedición de leyes. En México, como en otros países, hay profundas brechas en la implementación de la legislación.
La realización del principio de la diversidad cultural en el país enfrenta numerosos problemas en términos de su ejercicio efectivo en la vida cotidiana. El reconocimiento de la diversidad cultural, como parte de una realidad nacional hasta ahora ignorada o incluso (a veces) reprimida, requiere adecuadas políticas sociales y culturales.
Para este fin se requieren, entre otras cuestiones, el respeto a la diferencia, la aceptación de la diversidad lingüística, el uso de las lenguas indígenas en procesos judiciales, la educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento del “derecho indígena” (usos y costumbres) y las formas propias de impartir justicia y de mantener la seguridad comunitaria (policías comunitarias, autodefensas), el tratamiento especial de comunidades campesinas-indígenas (respetar la ecología, asegurar territorios indígenas, expulsar los monopolios genéticos destructores de la biodiversidad, las tierras comunales, la lucha contra mineras, eólicas, hiperurbanización, etcétera), el respeto a las autoridades comunitarias indígenas, la conservación del patrimonio cultural inmaterial…
Lo preocupante es que hay sectores de opinión que no están convencidos de las bondades de la multiculturalidad y sus variantes; incluso, hay quienes vociferan que representa un peligro para la “unidad nacional” y que su defensa conduciría a debilitar la nación mexicana.
¿Conduce inevitablemente la multiculturalidad a la desintegración de los Estados nacionales? Y si así fuera, ¿sería eso bueno o malo para los derechos humanos de los pueblos minoritarios, de los indígenas, de las regiones históricamente sometidas a poderes políticos centralizados y autoritarios? ¿Tendría nuestra modesta multiculturalidad algo que ver con esos dramas humanos que estamos observando, por ejemplo, en Medio Oriente? Desde luego que no. El respeto a la diversidad étnico-cultural de una población enclavada en un Estado nacional constituido históricamente es una respuesta positiva a demandas negadas durante largo tiempo.
México ha emprendido cuidadosamente el camino hacia el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y, por lo tanto, a la multiculturalidad de su identidad nacional. Debemos recordar, sin embargo, que la base de esta desigualdad histórica se encuentra en la distribución de la propiedad, principalmente de la tierra. El despojo de sus tierras ha sido la raíz de las luchas de los pueblos indígenas y campesinos por sus derechos. Uno de los resultados de la Revolución mexicana fue la reforma agraria, que benefició en gran medida a muchas comunidades indígenas del país (pero no a todas).
La destrucción de la economía tradicional de los campesinos indígenas va acompañada de un proceso multivariado de ecocidio. Según Víctor Toledo, existen nueve causas de ecocidio: 1) extracción minera; 2) extracción de petróleo, gas, carbón y uranio; 3) proyectos hidro y termoeléctricos; 4) parques eólicos; 5) proyectos megaturísticos; 6) urbanización desbocada; 7) cultivos transgénicos (maíz, soya y algodón); 8) contaminación por residuos tóxicos industriales y urbanos, y 9) destrucción de bosques, selvas, matorrales y otras formas de vegetación.
Ante los retos actuales, el enfoque netamente culturalista que se popularizó en los últimos 30 años es insuficiente. Tras la etapa indigenista de la incorporación, surgió la reacción multiculturalista que enfatizó la diversidad cultural y la necesidad del respeto a la diferencia y la diversidad en México. Muy pronto, sin embargo, los propios indígenas señalaron que el respeto a la diferencia no constituía un esquema suficiente para comprender la situación de desigualdad que seguía aquejando la vida de los pueblos indígenas en el país.
Para integrar este rompecabezas, nos hace falta echar mano de los conceptos de autonomía y libre determinación (o autodeterminación), que después de muchos años de luchas y negociaciones es reconocido por la Constitución como un derecho de los pueblos indígenas.
El hecho de que se haya reconocido no significa que el Estado esté respetando ese derecho de los pueblos indígenas, y tampoco que éstos lo estén ejerciendo libre y democráticamente en sus comunidades y regiones. Es otra tarea que queda por completar.
Actualmente, la nación mexicana tiene tres insidiosos enemigos que se han infiltrado en las estructuras del Estado y en la sociedad civil: la violencia, la corrupción y el crimen organizado. La lucha por los grandes cambios que necesitamos en el país tiene que comenzar por la eliminación de estas enormes lacras que son, en gran medida, responsables de las fracturas que se han presentado en nuestro país.
En la medida en que el Estado ha fallado en su tarea urgente de limpiar nuestra casa común y eliminar (esas lacras), toca a la sociedad civil –como la que está representada en esta reunión– encargarse de ello. Espero que este encuentro aporte lo que todos esperamos. ❧
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