ENTREVISTA A INA ZOON1Presidenta de Open Society Justice Initiative para América Latina.
Open Society Justice Initiative presentó el pasado 7 de junio el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Se trata de un trabajo realizado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y varios expertos internacionales especializados en estos temas. El enfoque que se da al informe es el del Derecho Penal Internacional (DPI). Esto otorga elementos para interpretar la realidad y tomar acciones distintas a las que ofrece el sistema de derechos humanos tradicional.
El DPI surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y se ha desarrollado en las últimas décadas. Su premisa central es que la violencia puede alcanzar niveles que requieren la corresponsabilidad internacional, no sólo la del Estado en que ocurre, ya que se trata de fenómenos estructurados, organizados y en algunos casos maquillados desde los poderes de facto, sean formales o no. En resumen, estamos ante crímenes que agreden la condición humana.
Habría que iniciar por definir crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma, los crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad, son cualquiera de los actos siguientes cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
¿Qué es Open Society Justice Initiative (OSJI)? ¿Desde cuándo trabaja en México?
OSJI es parte de Open Society Foundations, organización creada por el filántropo y financiero George Soros para apoyar el desarrollo de democracias sólidas e incluyentes cuyos gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. OSJI utiliza su conocimiento legal para promover el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en todo el mundo. Tiene sedes en América, Europa, África y Asia; nuestros abogados y defensores trabajan en temas que incluyen la prom5oción de la libertad de información y expresión, la lucha contra la corrupción y la discriminación, y el apoyo al desarrollo de una justicia penal justa y eficaz, tanto a nivel nacional como internacional.
Justice Initiative ha trabajado con sus socios locales en México desde 2004, inicialmente en Nuevo León y luego en Morelos, donde ayudamos a establecer la primera agencia de servicios previos al juicio en México. Dicha agencia lleva a cabo evaluaciones de riesgo de las personas detenidas o arrestadas y proporciona servicios de supervisión de la libertad bajo caución. Este modelo ha sido adoptado en muchos otros estados de México. Recientemente nuestros expertos legales que trabajan en el campo del derecho a la información y el derecho a la verdad han brindado apoyo en litigios realizados por nuestros socios mexicanos con el objetivo de difundir numerosos documentos públicos relacionados con la investigación de los asesinatos masivos en San Fernando. El trabajo de investigación para el informe Atrocidades Innegables empezó en 2012; de hecho, nuestros investigadores se encontraban en Guerrero una semana antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hemos trabajado el informe en estrecha colaboración con cinco reconocidas organizaciones de la sociedad civil mexicana: la Comisión Mexicana de defensa y Promoción de los derechos Humanos, I(dh)eas, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila y CADHAC de Nuevo León. Los datos del informe provienen de fuentes oficiales, muchos de ellos se obtuvieron a través de solicitudes de acceso a la información y de informes de organizaciones internacionales.
¿Cuáles son los puntos centrales del informe?
Son cuatro puntos esenciales:
1. En México hay una situación de extrema violencia, violaciones masivas de derechos humanos e impunidad casi total.
2. Hay una base razonable para considerar que en el periodo 2006-2015 agentes estatales y organizaciones criminales han cometido crímenes de lesa humanidad.
3. La razón principal de la impunidad es la falta de voluntad política.
4. La situación de excepcional gravedad requiere medidas excepcionales, como es la creación de un organismo internacional, basado en México, para la investigación y persecución de crímenes atroces en la jurisdicción doméstica.
Este informe aborda el tema de la violencia desde una perspectiva que no había sido explorada. ¿Por qué analizarlo desde el DPI y no desde los derechos humanos tradicionales o el derecho penal nacional?
La mejor respuesta a una pregunta similar ya la dio en 1945 el fiscal Jackson en la apertura del proceso de Núremberg: el sentido común de la humanidad exige que la ley no se limite a castigar a la gente común y corriente para delitos ordinarios. También debe alcanzar a los hombres que poseen gran poder y que lo usan para provocar males que afectan a casi todos. El DPI ha sido creado con esta misión. La violencia en México, los crímenes, las desapariciones, la práctica generalizada de la tortura y el extraordinario nivel de impunidad son resultados de decisiones y omisiones de personas que deben rendir cuentas por el sufrimiento que produjeron. Es tan simple como esto: los crímenes deben ser investigados conforme con su naturaleza, y, como se dice en el informe utilizando el estándar mínimo de prueba del Estatuto de Roma, existe una base razonable para considerar que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con la definición de crímenes de lesa humanidad, ¿qué elementos encuentran para afirmar que en México se cometen ese tipo de crímenes?
El informe Atrocidades Innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México analiza sólo tres de los crímenes listados en el Estatuto de Roma: asesinatos, desapariciones y tortura. Esto no significa que no hay otros crímenes que podrían ser analizados desde la misma perspectiva. OSJI no es la primera organización que ha propuesto este tipo de análisis, directamente o indirectamente, a través de la identificación de los elementos del crimen. Existe un debate sobre la política de esterilización de las mujeres indígenas en Chiapas, los crímenes cometidos durante la guerra sucia analizados por la Comisión de la Verdad de Guerrero, los patrones de violaciones de derechos humanos identificados por los relatores y órganos de tratados de la ONU, las comunicaciones enviadas a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional desde 2011, los patrones y los elementos de política de represión, identificados por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, y la lista puede continuar. Uno de los méritos de este informe es sistematizar la información existente y organizarla en el marco conceptual del DPI.
Encontramos que asesinatos, desapariciones y tortura se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Las cuestiones más importantes giran alrededor de los conceptos de ataque como una serie de actos en el marco de una política identificable. La política en este caso es de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra la población civil en el marco de la militarización de las operaciones de seguridad pública. El informe reconoce que el Estado tiene la obligación de combatir al crimen organizado y que el combate es un objetivo legítimo. El problema aparece cuando el Estado responde al crimen con más crimen. Cuando intenta averiguar quiénes son los asesinos utilizando la tortura, y cuando se intenta encubrir los crímenes de los agentes estatales manipulando o fabricando evidencia o simplemente no investigando.
Ahora bien, ¿cuál es el grupo de la población afectado? No se trata sólo de personas relacionadas con la delincuencia organizada, como se intenta argumentar. Aunque así lo fuera, tampoco sería aceptable. Se trata de un grupo mucho más amplio: personas percibidas como relacionadas con la delincuencia organizada, lo que incluye a todos los civiles inocentes asesinados o torturados, las víctimas y los familiares presentados a la prensa como miembros de carteles o de bandas de secuestradores, gente común y corriente con vidas destrozadas por malas decisiones políticas y actuaciones inaceptables de los funcionarios públicos.
El informe no ignora las atrocidades cometidas por el crimen organizado. De hecho, se hace un estudio de caso de las actuaciones de los Zetas y se concluye que puede considerarse que ellos también cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la existencia de grupos criminales, en particular violentos, no justifica una acción igualmente criminal del Estado.
…Se hace un estudio de caso de las actuaciones de los Zetas y se concluye que puede considerarse que ellos también cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la existencia de grupos criminales, en particular violentos, no justifica una acción igualmente criminal del Estado.
El Estado tiene muchas más herramientas que podría utilizar, pero no lo hace: emplear mucho más los sistemas de inteligencia, atacar las bases financieras del crimen organizado, cortar los lazos de complicidad entre delincuentes y políticos que aseguran protección a los criminales y, lo más importante, disuadir a través de la rendición de cuentas. Este último punto es, para nosotros, fundamental. La disuasión a través de castigo penal es una parte importante de la prevención. En México y en todo el mundo mucha gente delinque porque tiene la convicción de que no habrá sanción. La historia de impunidad de los políticos mexicanos les hace creer que la hora de la rendición de cuentas no vendrá jamás, por eso no sienten que deben poner un límite a la corrupción y a las violaciones de la ley. Cuando hay impunidad sistemática, como en México, los delincuentes, dentro y fuera de las instituciones, ganan. Sólo la gente inocente pierde.
Según el informe, ¿quiénes son los responsables?
La comisión de crímenes de lesa humanidad es un asunto de máxima gravedad. Se trata de responsabilidad individual penal de personas en altos puestos políticos o militares, de casos complejos que requieren análisis sofisticado de contexto. Las organizaciones de la sociedad civil no son órganos de persecución del delito para formular cargos individuales o jueces para establecer responsabilidades. En las recomendaciones del informe hay un llamado a la creación de un mecanismo internacionalizado de investigación y persecución del delito que debería hacerse cargo de este aspecto. Las responsabilidades individuales penales de los líderes políticos o militares, o civiles en el caso de la delincuencia organizada, son asuntos serios que deben tratarse caso por caso, con el rigor técnico que el derecho penal internacional requiere.
México debe resolver el caso de Ayotzinapa e ir más allá, en la misma dirección, con la investigación de una larga lista de masacres y crímenes aberrantes que no pueden quedar impunes en una democracia.
El nombre del informe es Atrocidades innegables, ¿quiénes lo niegan?
El título ha sido intencionalmente elegido para atraer la atención de los lectores sobre uno de los obstáculos fundamentales para la rendición de cuentas en México. La negación sistemática de la dimensión y naturaleza de los crímenes cometidos. El Ejecutivo Federal lo niega, la SEGOB, la PGR, la SRE, la Marina y la SEDENA. El reconocimiento tibio de la existencia de violaciones de derechos humanos como casos aislados aparece patético en el contexto mexicano; ni siquiera el reconocimiento de una crisis de derechos humanos o una grave crisis de derechos humanos es suficiente. Se trata de atrocidades, y como atrocidades deben ser reconocidas y sancionadas. No es lo mismo establecer la responsabilidad general del Estado por violaciones de derechos humanos que establecer responsabilidades penales individuales por la comisión de crímenes de lesa humanidad a los altos mandos políticos, militares y criminales. La cuestión del diagnóstico no es semántica; del diagnóstico correcto depende el tratamiento. Hay casos en que los antibióticos funcionan, pero en situaciones de extrema gravedad se necesita amputar para curar. Y México necesita amputar la colusión del Estado con el crimen organizado a través de la rendición de cuentas.
¿Cómo se propone resolver el grave problema de impunidad? ¿México podría solucionarlo solo?
México es un país con enormes recursos humanos y materiales que podrían utilizarse para resolver el problema de la impunidad si hubiera voluntad política para hacerlo. Los años de abusos y mentiras han producido un daño mortal a la confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, confianza que se puede restaurar si México acepta la creación de un organismo de investigación internacional, basado en el país, con un mandato de más de un periodo presidencial de seis años. Este organismo, aparte de expertos internacionales, proveerá el lugar ideal de trabajo para los investigadores, peritos y fiscales mexicanos que realmente quieren luchar contra la impunidad; son muchos en las instituciones a quienes les gustaría hacerlo, pero hoy no se les permite. Podría investigar atrocidades con el objetivo de presentar casos ante los tribunales mexicanos, desarrollar propuestas de reformas y modalidades de implementación a la legislación existente, producir informes públicos sobre el progreso hacia la justicia sobre los crímenes atroces. La confianza de las víctimas y de las familias afectadas es fundamental para cualquier proceso de rendición de cuentas y, así como están hoy, las instituciones mexicanas no son capaces de generarla. La experiencia del GIEI fue muy enriquecedora; México debe resolver el caso de Ayotzinapa e ir más allá, en la misma dirección, con la investigación de una larga lista de masacres y crímenes aberrantes que no pueden quedar impunes en una democracia.
¿Cómo detener la violencia? El diagnóstico es claro, ¿se debe detener primero la violencia, se deben iniciar los procesos de cooperación internacional o deben ser en paralelo?
Si se continúa con la estrategia de involucramiento masivo de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, la violencia continuará. Hay 20 años de debate sobre la reforma de la policía y aún no hay solución. El mando único es sobre quien controla políticamente la policía, no los métodos concretos de asegurar su profesionalización. Los procesos deben ser paralelos. Reforma de la policía, retiro progresivo de las fuerzas armadas y persecución de delitos. Así como el nombramiento del fiscal general este año sería el litmus test para la calidad de la voluntad política de luchar contra la impunidad.
Hay una amenaza de recrudecimiento de conflictos violentos en el Norte del país, en cualquier momento nos podríamos enterar de otro Ayotzinapa o Tlatlaya. El caos, el descontento, y la indignación en México pueden adquirir dimensiones incontrolables. El gobierno tiene la responsabilidad de prevenir una explosión social adoptando no una, sino una serie de medidas excepcionales. Ya no hay tiempo para mentiras y simulaciones. Los partidos políticos necesitan entender que el México de hoy ya no es el México de hace 30 años, ni siquiera el de hace diez. Hay una nueva generación de estudiantes, de académicos, de defensores de derechos humanos, de abogados. Hay tecnología de comunicación imparable y hay una masa crítica de víctimas y familias que están organizadas y no van a desistir hasta encontrar la verdad y la justicia que necesitan. Aunque los gobernantes parecen convencidos de lo contrario, no se puede engañar siempre a la sociedad. Como se dice, se puede engañar a algunos, unas veces, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
A partir de la presentación del informe, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno?
Entre las últimas dos administraciones y las organizaciones de derechos humanos en México no ha habido diálogo, más bien ha habido antidiálogo. El diálogo requiere empatía; en el antidiálogo una de las partes hace comunicados sin responder a las preguntas. Lo que tenemos como respuesta del gobierno es un comunicado en el que se nos informa que se han aprobado y aprobarán leyes, que el crimen organizado es el culpable de la mayoría de las atrocidades (sin intentar responder a la pregunta: ¿quiénes son los responsables para el resto?) y que México no necesita ayuda para lograr una rendición real de cuentas para el sufrimiento causado.
Las leyes son necesarias pero no suficientes para la rendición de cuentas. Las víctimas piden acceso a la verdad y esto se les puede dar sólo con investigaciones genuinas y establecimiento de responsabilidades a través de procesos judiciales.
En el informe se habla de falta de voluntad política en México. ¿Hay esperanza de que esto cambie? ¿Será necesaria la presión internacional?
Se dice que es imposible cambiar la voluntad política en México, pero yo parafrasearía a Edison: “Los que creen que es imposible no deben interrumpir a los que lo están haciendo”. Hace cien años las mujeres ni siquiera podían votar, y hoy hay una mujer en el camino a la presidencia de Estados Unidos.
Hace cinco años nadie creía que la Fiscalía de Guatemala y la CICIG podrían tocar las redes de corrupción y hasta al Presidente. México tiene todo lo que necesita para hacer posible lo que hoy parece imposible. La presión tiene que venir desde adentro. El movimiento de víctimas y sobrevivientes debe ser apoyado para organizarse; la sociedad civil debe arropar a los jueces, fiscales y policías íntegros. Los periodistas deben ser defendidos. Es crucial la definición de la persona que va a asumir la nueva fiscalía, ya que la priorización de la persecución de crímenes atroces y la aceptación de un mecanismo de investigación internacional dependerá en gran medida del liderazgo de una fiscalía independiente. Los resultados de las elecciones de 2018 serán importantes. La presión internacional ayuda, en cualquiera de sus formas, solidaridad de la sociedad civil de fuera de México, diplomacia discreta, declaraciones públicas, organismos internacionales y regionales de derechos humanos y sanciones; todos son complementarios a la demanda social de México.
De no haber un cambio, ¿consideran oportuno un examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI)?
El gobierno de México ha tenido muchos años para demostrar que existe voluntad política para construir un sistema de justicia capaz de enfrentar los retos de rendición de cuentas para crímenes atroces. Hay millones de víctimas y de familiares afectados; no obstante, la impunidad sigue siendo casi absoluta. La cuestión es cuánto tiempo más la Oficina del Fiscal de la CPI le permitirá a México esconderse detrás de cambios legislativos que no se materializan en procesos. La amenaza de acción de la CPI debe ser creíble. Y para esto se necesita continuar enviando información sólida. Justice Initiative no tiene programado enfocarse en la CPI, pero hay otras organizaciones que lo incluyeron en sus agendas institucionales, y aunque el gobierno de México hace todo lo posible para parar una investigación preliminar, éste es un proceso que sin duda no está cerrado. Existe una larga lista de masacres sin resolver, hay miles de casos que pueden ser utilizados; las pruebas no faltan, y desafortunadamente cada día nos enteramos de otros casos.
Muy claras las respuestas de Ina Zoon.
El informe debería generar un nuevo debate, un nuevo paradigma para abordar desde esta dimensión del horror la actualidad mexicana. La realidad rebasa la capacidad de cualquier Estado. Se requiere el trabajo y compromiso de la sociedad civil, academia, actores sociales y económicos, partidos políticos, gobiernos de los tres niveles, poderes legislativo y judicial, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, colaboración de mecanismos regionales e internacionales. Pero, sobre todo, se necesita reconocer el problema. De lo contrario, la dimensión de la tragedia humanitaria podría crecer. ❧
0
